jueves, 10 de marzo de 2011

INFORME DE COFADEH


Informe de COFADEH: Es la peor arremetida contra los derechos humanos en Honduras
Desde febrero 2010, se observó una nueva forma de ataque a las bases de la oposición al régimen

34 asesinatos políticos, igual número por el conflicto de tierras; 431 detenciones ilegales; 26 casos de torturas; 36 exiliados políticos; seis desapariciones forzadas, 10 periodistas asesinados, otros 22 con amenazas a muerte y exilios forzosos para seis de ellos, son solo parte de las graves violaciones a los derechos humanos que el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras, COFADEH, documentó de enero de 2010 a enero de 2011.

Subsisten problemas políticos originados por el golpe de Estado y estructurales que limitan el pleno disfrute de los derechos humanos, particularmente en relación con, el derecho a la Vida, la participación política, la disidencia, libertad de expresión y emisión del pensamiento, exclusión, la marginalidad, la pobreza, la inequidad, la tenencia de la tierra, la impunidad y la falta de acceso a la justicia.

En el periodo examinado, el COFADEH ha registrado 278 amenazas a muerte, de estas 138 son dirigidas a defensores de derechos humanos, 56 a testigos, 26 a familiares de líderes sociales de perfil nacional y en resistencia y 62 a líderes intermedios de proyección local u operativa.

Desde febrero 2010, se observó una nueva forma de ataque a las bases de la oposición al régimen que asumió el control del Estado en enero de 2010, la individualización de la víctima y la labor de inteligencia parece ser la clave de la impunidad en una serie de casos, destaca este nuevo informe de la organización de derechos humanos.

Para esta institución los ataques violentos se dirigen a personas vinculadas por razones de parentesco a activistas públicos de la Resistencia pero no al activista mismo, en algunas ocasiones las víctimas no han tenido participación política.

“De esta forma el régimen está suavizando el impacto público que tendría el ataque directo al blanco de sus preocupaciones: los activistas sociales, aspecto que mide desde el espacio geográfico en el que la víctima se desenvuelve”, denuncian.

En esa línea se produjo el asesinato de dos hijas de comunicadores sociales, el allanamiento a la residencia de otra, el secuestro y torturas al hijo de un activista sindical y malos tratos infringidos a la hija de una activista de la Resistencia.

Esta capacidad de actuar con impunidad, producto de las políticas de tolerancia y apertura al crimen que mantiene el Estado de Honduras ha provocado la muerte de al menos seis personas colaterales de miembros del Frente Nacional de Resistencia y ex funcionarios del Gobierno del Presidente Zelaya, en los que no quedaron claras las circunstancias ni las motivaciones.

Los asesinatos han sido cometidos principalmente en contra de líderes y sociales y campesinos que defienden el derecho a la tierra.  Numerosas personas fueron ejecutadas por razones políticas, en los meses que comprende el informe.

El mayor número de estos asesinatos se perpetró en los meses siguientes a la ascensión de Porfirio Lobo a la jefatura del Ejecutivo. En todos los casos hay una constante: se trataba de personas desarmadas, que no ejercían ningún tipo de violencia y que fueron muertas mientras transitaban a sus casas o permanecían en ellas. Muchas de las víctimas estaban formadas como dirigentes de masas y poseían condiciones personales.

Comandos armados y operaciones clandestinas

Las actividades de los comandos armados de operaciones clandestinas, el empoderamientos de las fuerzas de seguridad del Estado y el crimen organizado, incrementado a partir del 2009, continuaron teniendo un impacto gravemente negativo sobre los derechos humanos.

Se aterroriza a la población a partir de la lucha contra el narcotráfico y, en realidad, lo que se observa en este momento en Honduras es una guerra social: Es una guerra del poder contra las organizaciones de resistencia, contra una juventud que está siendo aniquilada en las calles que se han convertido en campos de batalla de esta guerra contra todo lo que se mueve; ahí el paramilitarismo tiene una función qué cumplir.

Los defensores de derechos humanos, como resultado de sus actividades en pro de los derechos fundamentales y derechos humanos, y grupos de la sociedad civil, incluyendo, defensoras de derechos de mujeres, sindicalistas, periodistas y miembros de ONGs, han enfrentado el riesgo y ataques de grupos clandestinos y criminales.

De esta forma el ámbito en el cual las organizaciones de la sociedad civil operan se ha agravado, debido a los mensajes, a menudo provenientes de funcionarios de alto nivel gubernamental, que equiparan el trabajo por los derechos humanos con el apoyo a las organizaciones terroristas, poniendo así sus vidas en riesgo.

En el 2010 se registraron 25 asesinatos de lesbianas, gays, bisexuales y transgeneristas, así como amenazas a muerte contra quienes defienden derechos etnoterritoriales de comunidades afrohondureñas y pueblos Indígenas, y ataques sistemáticos contra sus bienes.

El Cofadeh conoció diferentes denuncias de víctimas de violaciones a derechos humanos que han revelado que fueron interrogados por personas que tenían acento suramericano durante su cautiverio en centros de operaciones clandestinas.

La impunidad continúa siendo un serio problema las investigaciones en temas claves de derechos humanos enfrentan la parálisis de la institucionalidad. Los riesgos para el ejercicio de los derechos sindicales, gremiales y del periodismo independiente y crítico sigue siendo peligroso.

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