EXTRADICION

Victor Meza

El tema de la extradición, por su importancia e impacto en la vida política y social del país, es uno que despierta mucho interés y genera debate público. No es para menos; después de todo, por regla general, al extraditado se le va buena parte de la vida o la vida entera en una prisión del país solicitante, en donde, dicho sea de paso, el sistema de administración de justicia funciona con la rigurosidad debida y la puntualidad necesaria, virtudes ausentes en la red judicial del país otorgante.

No es casual, entonces, que el tema de la extradición despierte apasionados debates y genere contradicciones que pueden resultar letales. En Colombia, los candidatos a la extradición llegaron a formar un grupo paramilitar llamado “Los extraditables”, cuyo lema principal era el siguiente: “preferimos una tumba en Colombia que una cárcel en los Estados Unidos…”. Utilizaron métodos terroristas y violencia descabellada para oponerse a la extradición. Aquí en Honduras, afortunadamente, no se ha llegado a esos extremos, aunque muchos compatriotas y extranjeros han perdido la vida en ajustes de cuentas, castigos y venganzas tan violentos como el que más. Sin embargo, el lema de nuestros extraditables parece ser todo lo contrario de la consigna colombiana: “preferimos una cárcel en los Estados Unidos que una tumba en Honduras…”

Esta convicción explicaría las numerosas entregas voluntarias de cabecillas narcotraficantes en manos de la agencia antidrogas de los Estados Unidos (la famosa DEA, por sus siglas en inglés).

El tema de la extradición volvió a cobrar inusitada presencia en medio de la crisis del coronavirus, cuando el actual Canciller, don Lisandro Rosales, insinuó ante la prensa la posibilidad de “reconsiderar” la validez y utilidad de la extradición, a la vez que reconocer el progreso y mejoría sustancial de nuestro sistema de justicia local, el que, según el funcionario, ya se ha reforzado lo suficiente como para aplicar la ley propia y castigar a los delincuentes en los tribunales criollos. Aunque parezca una broma de mal gusto, el novato Canciller lo dijo sin que le temblara un tan solo músculo de su cara.

No es la primera vez que los voceros oficiales deforman los hechos con respecto a la extradición. Suelen afirmar, con aplomo fingido, que la adopción de tal figura jurídica y la correspondiente reforma de la Constitución, fueron iniciativas libres del partido Nacional y decisión valiente del régimen nacionalista. No hay tales. Los hechos no fueron así.

En la mañana del día 18 de enero del año 2012, el país se vio sorprendido por la súbita partida del entonces presidente Porfirio Lobo con destino a los Estados Unidos. Le acompañaban en el vuelo privado la embajadora norteamericana Lisa Kubiske, el presidente del Congreso Nacional, Juan Orlando Hernández, el Canciller Arturo Corrales, el Ministro de Seguridad Pompeyo Bonilla y el secretario privado de la Presidencia y ahijado personal de Lobo, Reinaldo Sánchez. El inesperado y apresurado viaje tomó por sorpresa a los círculos políticos del país y generó todo tipo de comentarios y especulaciones. Solo al final del día siguiente, la opinión pública conoció algunos detalles del misterioso viaje: se trató de una reunión de urgencia con altos funcionarios del gobierno de Barack Obama para discutir problemas relacionados con la agenda de seguridad bilateral entre los dos países. Por la parte estadounidense asistieron, entre otros, Dan Restrepo, Francisco Palmieri, Oliver Garza y la propia embajadora Kubiske. La reunión fue en Miami y ahí se tomó la decisión, bajo presión norteamericana, de reformar la Constitución y aprobar la extradición. Al día siguiente, los diputados, obedientes ellos, aprobaron la reforma y el día 27, ya en la tercera legislatura, la ratificaron. Así fueron los hechos. La extradición es el resultado de la petición y presión de Estados Unidos.

Dicen que desconocer la historia es la condición para repetirla. 

Bien haría el Canciller en releer un poco los archivos de su oficina.