Comisión de Verdad

Editorial

Quienes digan a los hondureños que olvidemos el golpe de Estado y a los mártires del pueblo, son los que odian a Honduras, porque forman parte de los tiranos y de los traidores, son los responsables de la tradicional miseria social, de la zozobra política y de la fatalidad económica.

Una investigación reciente realizada en Centroamérica revela la razón de someter al miedo a los compatriotas que buscan un cambio real. 205 millonarios del país ocupan el segundo lugar en la región con una fortuna de 27 billones de dólares. Esto explica la desigualdad de oportunidades de la población hondureña para acceder a la riqueza frente a una minoría codiciosa; pues Costa Rica, el país con menos ricos, muestra la mejor repartición del bienestar material. Este grupo de potentados locales son los que financiaron el golpe de Estado, cuentan con estructuras de terror para “limpieza social”, que han venido ejecutando vía asesinato de hondureños de bajo y alto perfil para impedir que el movimiento popular surgido después del golpe, asuma el Gobierno en las elecciones generales de 2013. Así lo demuestra el reciente informe de la Comisión de Verdad que, por la importancia histórica, destacamos en esta edición de EL LIBERTADOR.

Hay recomendaciones vitales en el informe, entre otras, impulsar un proceso de construcción democrática, en función que el Estado reconozca las diversas concepciones y expresiones de democracia desde los movimientos sociales y sectores excluidos a través de la historia. Sus demandas están amparadas en la Constitución y en tratados internacionales que corresponde cumplir al Estado de Honduras. La Comisión de Verdad exhorta separar a Ramón Custodio del cargo de Comisionado de Derechos Humanos por haber participado en la ruptura del orden constitucional, y de esa forma actuó contrario a la norma del “ombudsman”, dejó indefensa a la sociedad, con su actuación permitió la violación sistemática de derechos básicos como el de la vida, protesta social, libertad de expresión y movilización. Demanda al Estado la necesidad de enjuiciar a los autores materiales e intelectuales del golpe de Estado, y despedir de los puestos a los que ahora ocupan funciones en el sector público.

La Comisión recomienda al país que para reducir la enorme desigualdad debe crearse una estrecha vinculación de políticas sociales y económicas que modifiquen la estructura productiva y la distribución del ingreso y de riqueza nacional. También es urgente cambiar el patrón de tenencia de la tierra, porque después del golpe de Estado se ha profundizado el conflicto agrario.

Es imperativo, dice la Comisión, recuperar el Estado hondureño actualmente capturado por intereses privados que de manera firme domina las instituciones públicas. Ese rescate pasa por alcanzar y mostrar independencia, eficiencia y transparencia en la gestión gubernamental.

Explica que para ese propósito es fundamental que el Estado de Honduras ponga fin a las bases militares de Estados Unidos en territorio nacional y concluya los ejercicios conjuntos entre ambos ejércitos. Sin duda, la nación del norte es el principal origen de inestabilidad en la sociedad hondureña.

La Comisión de Verdad hace un llamado especial a la ciudadanía de Honduras y demás pueblos, gobiernos, organismos de la región y del mundo, a fortalecer las acciones para garantizar la soberanía y autodeterminación del pueblo hondureño, así como el respeto irrestricto a todos sus derechos y libertades.