El asesino que reveló una red de corrupción y narcotráfico en el seno de la política hondureña.
TEGUCIGALPA — El número de asesinatos que Devis Leonel Rivera Maradiaga, un capo hondureño del narcotráfico, admitió orquestar a lo largo de más de diez años fue impresionante.
Entre los muertos había personas que describió como matones, violadores y pandilleros. También había algunos inocentes: un abogado, dos periodistas, un refugiado hondureño en Canadá, un funcionario que se convirtió en el zar antidrogas hondureño y un político que era su asesor; incluso dos niños resultaron muertos en un tiroteo.
En total, Rivera Maradiaga admitió haberse coludido con narcotraficantes y otras personas para “causar” la muerte de 78 personas. Este número puso a los funcionarios de Estados Unidos en un dilema cuando el delincuente les ofreció exponer un esquema de corrupción al más alto nivel en este país centroamericano de unos nueve millones de habitantes.
Rivera sabía que ya estaba en la mira de los investigadores estadounidenses, por lo que se puso en contacto con la Administración de Control de Drogas (DEA, por su sigla en inglés). Les ofreció su ayuda para inculpar a políticos corruptos y otras élites que convirtieron a Honduras en un lugar por el que circulaban cantidades masivas de cocaína en su trayecto hacia Estados Unidos a través de México.
A pesar de todo esto, en caso de firmar un convenio formal de cooperación con Rivera, lo más probable era que el gobierno tuviera que hacer algo por él: interceder para evitarle una larga condena en la cárcel y dejar a las familias de las víctimas hondureñas con la impresión de que Rivera se había librado del castigo por sus asesinatos.Esta oferta se presentó en un momento en que a los funcionarios estadounidenses les preocupaba mucho que ese país se sumiera en un estado de anarquía. Honduras es un aliado leal de Estados Unidos y en su territorio se encuentra una base militar estadounidense; sin embargo, este país estaba plagado de narcotraficantes y pandillas y tenía una de las tasas de homicidios más altas de todo el mundo. Según el Departamento de Estado, era la primera parada de cerca del 80 por ciento de los vuelos sospechosos de transportar drogas desde Sudamérica.
Ahora, cuatro años después de iniciada la cooperación clandestina de Rivera, los fiscales federales han presentado cargos en Manhattan en contra de siete oficiales de policía de la fuerza nacional hondureña, además del hijo de un expresidente de ese país y varios miembros de una distinguida familia de banqueros.
Según dijo uno de los fiscales en una audiencia celebrada el 5 de septiembre, las pruebas demuestran nada menos que una red de “tráfico de drogas patrocinada por el Estado”.
Además, los investigadores han reunido pruebas de que el expresidente Porfirio Lobo aceptó sobornos para proteger a los traficantes, y también que puede haberse empleado dinero derivado de las drogas para ayudar a financiar el ascenso del actual presidente del país, Juan Orlando Hernández. No se han presentado cargos en contra de ninguno de estos políticos y ambos negaron rotundamente estas acusaciones a The New York Times.
En la capital del país, que se encuentra en una cuenca rodeada por montañas, se ha especulado mucho acerca de quién será el siguiente personaje al que se le formularán cargos en Nueva York. La embajada de Estados Unidos alentó en parte estas especulaciones, pues tomó la inusual decisión de publicar una lista de hondureñosque se encuentran bajo investigación por tráfico de drogas y corrupción, en la que se incluyen actuales funcionarios militares.
Desde hace tiempo, los fiscales han aceptado la cooperación de personas con un pasado violento para lograr metas importantes, como atrapar a una figura destacada de la mafia o a una pandilla violenta. Salvatore Gravano, quien era el segundo al mando en la familia Gambino y admitió haber asesinado a diecinueve personas, se convirtió en informante del gobierno.
En el caso de Honduras, los fiscales que autorizaron el convenio con Rivera, además de otro acuerdo con su hermano Javier, afirman que estos hombres les ofrecieron la rara oportunidad de exponer vínculos entre los narcotraficantes, políticos y empresarios hondureños.
“El comercio ilícito de drogas en Honduras no solo infectó a gran parte de la sociedad civil, incluso los niveles más altos del gobierno y el sector financiero, sino que también permitió que su gente quedara expuesta a terribles niveles de violencia”, declaró Joon H. Kim, el fiscal estadounidense encargado del proceso en Manhattan.
Información detallada sobre la cooperación de Rivera, que incluyó hacer grabaciones subrepticias de los blancos hondureños, se dio a conocer en marzo cuando testificó durante dos días en contra de Fabio Lobo, hijo del expresidente hondureño. Hace poco se sentenció a Lobo a 24 años de cárcel por conspirar para vender cocaína.
La muerte del general
Los hermanos Rivera, quienes lideraban una organización de narcotraficantes llamada los Cachiros, amasaron una fortuna como intermediarios, pues desplazaban cocaína desde pistas de aterrizaje ocultas ubicadas al norte del país, a los carteles mexicanos.
Los hermanos aplicaban la violencia para mantener alejados a sus rivales y otras personas, por lo menos desde 2003, cuando Devis Rivera estuvo involucrado en el asesinato de un guardia de seguridad en un hospital, además del asesinato, al año siguiente, del hombre al que ese guardia protegía, quien era el líder de otro cartel hondureño.
Para finales de 2009, según el testimonio de Rivera, él y otros traficantes se sintieron amenazados por el general Julián Arístides González Irías, el zar antinarcóticos hondureño. La Embajada de Estados Unidos en Tegucigalpa en alguna ocasión describió al general Arístides González como la “última esperanza (de algún tipo)” de revivir las acciones antinarcóticos de Honduras, según un cable publicado por WikiLeaks.
“Se tomó la decisión de matarlo”, testificó Rivera. El asesinato del general Arístides González ocurrió el 8 de diciembre de 2009, a manos de un pistolero que se desplazaba en una motocicleta. Rivera testificó que los traficantes le pagaron entre 200.000 y 300.000 dólares por este asesinato a un grupo de oficiales de policía.
Preocupados por la posibilidad de que los extraditaran a Estados Unidos, Rivera afirma que pagaron más de 400.000 dólares en sobornos al presidente Porfirio Lobo, tanto antes como después de su elección en noviembre de 2009. En la residencia del presidente Lobo a principios de 2010, Rivera recibió la garantía que quería.
“El presidente dijo que podía decirle a mi hermano que dejara de preocuparse”, recordó Rivera, “porque durante su mandato de cuatro años nadie sería extraditado”. Lobo también designó a su hijo Fabio, quien era juez de los tribunales juveniles, “como intermediario para protegernos y ayudarnos, a los Cachiros”, señaló Rivera.
Fabio Lobo se convirtió en un valioso aliado. “Le daba sobornos casi cada vez que nos veíamos”, indicó Rivera. “Sabía que si estaba de mi parte, todo iría bien”. En una ocasión el hijo del presidente, con su escolta de seguridad armada en un convoy de camionetas Prado azules, escoltó mil kilogramos de cocaína para los hermanos a través de un punto de revisión de la policía.
“Bajó las ventanillas un poco y habló con los oficiales de policía”, relató Rivera, quien afirma que el hijo del presidente asumió de lleno su nuevo papel y les pidió visitar una de las pistas ubicadas en el campo para “sentir la adrenalina, lo que experimentan cuando reciben un avión cargado de drogas”.
“Haría cualquier cosa por ustedes”, aseveró Fabio Lobo en una conversación grabada. “Iría a la luna y de regreso por ustedes”. Con el mecenazgo del presidente, los hermanos invirtieron en empresas constructoras que competían por obtener contratos del gobierno. Al estilo de Pablo Escobar, abrieron el zoológico más grande de Honduras, que tenía incluso tigres, jaguares y leones.
Establecieron relaciones con una de las familias más prominentes del país, los Rosenthal, quienes eran sus banqueros y lavaban su dinero. Invirtieron las ganancias obtenidas gracias al narcotráfico en agricultura y ganado, e incluso exportaban carne de res a Estados Unidos.
Brian H. Bieber, un abogado del expresidente Lobo, explicó que las autoridades estadounidenses todavía están investigando a su cliente, una situación frustrante para Lobo, quien “negó de manera enfática y sin lugar a dudas” las acusaciones de Rivera.
“No hay ninguna prueba fidedigna que apoye las acusaciones de este delincuente condenado por narcotráfico, que además admitió haber cometido asesinatos masivos”, aseguró Bieber, quien añadió que el expresidente no tenía ninguna relación “en absoluto” con los Cachiros.
Al acercarse el final del mandato de Lobo en 2013, otras situaciones comenzaron a inquietar a Rivera. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos había anunciado sanciones en contra de los hermanos Rivera y las autoridades hondureñas comenzaron a incautar sus bienes, cuyo valor ascendía a cientos de millones de dólares, incluso su zoológico.
“Temía por mi vida. Temía por mi familia”, afirmó Rivera en su testimonio. “Podían matarme porque había trabajado con políticos y oficiales de policía”.
Para diciembre de 2013, según relató Rivera, tanto él como su hermano Javier habían comenzado a conversar con la DEA y los fiscales intentaban llegar a un acuerdo.
Negociar con el diablo
Los fiscales tenían muchas dudas sobre la posibilidad de llegar a un acuerdo con estos hombres que habían matado a tantas personas, en particular inocentes, según antiguos y actuales funcionarios de gobierno.
Se ha dicho poco sobre la forma en que iniciaron las conversaciones. El 5 de diciembre de 2013, Rivera y su abogado se reunieron con la DEA y por lo menos un fiscal en una sesión secreta en Belice, según se afirma en un documento que totaliza en veinte el número de encuentros entre ambas partes.
“Intentábamos corroborar lo que nos decían, obviamente, a lo largo de todo el proceso”, comentó un funcionario de alto rango de la DEA.
Otro oficial aseveró que los fiscales no sabían en cuántos asesinatos había estado involucrado Rivera, pues solo conocían su papel en las operaciones de narcotráfico, hasta después de iniciadas las conversaciones.
Una condición para suscribir el acuerdo de cooperación fue que los hermanos admitieran los asesinatos y otros delitos que cometieron, incluso aquellos desconocidos para las autoridades, y se declararan culpables. Así se incluyeron asesinatos que de otra forma seguirían sin resolverse en Honduras.
“Que el acusado se declare culpable como parte del acuerdo de cooperación muchas veces es la única manera de hacerlo responsable”, explicó Kim, el fiscal estadounidense encargado del caso.
Los términos del acuerdo al que llegó Rivera establecen que, si cumple su parte, los fiscales tratarán de que su sentencia no sea tan severa. También es posible que ingrese al programa de protección a testigos, según el documento. Rivera testificó que ya se permitió que algunos de sus familiares se mudaran a Estados Unidos.
La cooperación de los hermanos Rivera se sigue dando a conocer ante el tribunal. Este verano, el gobierno presentó una solicitud para obtener una orden de cateo de la DEA que demuestra que en 2013 Rivera grabó en secreto una conversación con otro narcotraficante hondureño que afirmó haber hecho un pago de 250.000 dólares supuestamente para Juan Orlando Hernández, el actual presidente de Honduras.
El documento no indica si Hernández recibió ese dinero. La oficina del presidente de Honduras respondió que desconocía esta acusación del documento de la DEA hasta que The New York Times comenzó a investigar. Atribuyó la acusación a narcotraficantes que han sido objeto de la campaña antinarcóticos del gobierno de Hernández.
“Es lógico, e incluso predecible, que los delincuentes que se han visto afectados por las acciones de nuestro gobierno tengan sentimientos de odio y resentimiento contra quienes han tomado esas decisiones”, escribió la oficina de Hernández en una declaración.
Voceros de la presidencia señalaron que gracias a la lucha del gobierno en contra de los narcotraficantes se ha extraditado a 14 delincuentes y se han destruido 150 pistas de aterrizaje clandestinas.
Durante el mandato de Hernández, la tasa de asesinatos ha bajado en Honduras. Cerca de una tercera parte de la fuerza policiaca fue despedida tras revelarse la participación de algunos oficiales en asesinatos relacionados con las drogas.
De cualquier forma, un informe reciente del Departamento de Estado hizo notar que en Honduras, “entre los delincuentes han surgido nuevos jefes listos para asumir el liderazgo de las redes desmanteladas y continuar con el contrabando de cocaína y otro tipo de delitos”.
Rivera indicó que ha cumplido con su parte del trato. “Lo que hice fue confesar todos los delitos que he cometido”, testificó. “Lo que hice con ellos fue darles información, toda la información que tenía, sobre mi trabajo en el narcotráfico y con los políticos”.
Justicia ineficiente
Para Honduras, es un alivio que Rivera se enfrente a la justicia en Nueva York.
“Deberían juzgarlos aquí, ¿pero quién?”, preguntó Hilda Caldera, la viuda de Alfredo Landaverde, un político y funcionario antinarcóticos asesinado en diciembre de 2011 (una de las muertes por las que Rivera se declaró culpable). “Aquí la justicia está contaminada”.
En una entrevista en la universidad nacional donde da clases, Caldera afirmó que su esposo estuvo dispuesto a declarar lo que muy pocos se atrevían a decir en público: que los traficantes habían infiltrado la policía y el ejército.
“Estaba solo, tan solo; era el único que hablaba de ese tema”, se lamentó. El nombre de Landaverde está incluido en una hoja de cálculo que lleva el título Anexo A y forma parte del convenio de declaración de culpabilidad de Rivera. El documento de tres páginas incluye una lista de los 78 asesinatos en los que Rivera admitió haber participado hasta 2013.
Los nombres de 49 víctimas no aparecen completos en la lista, o se indican con las iniciales “FNU LNU” (siglas en inglés que quieren decir: “nombre y apellido desconocidos”) y también se incluyen otros datos.
Una de las víctimas era “un asesino que se cree que trabajó para la familia Echeverría Ramos”. De muchos se “sospechaba que” eran asesinos o violadores. Veintinueve nombres completos de víctimas aparecen en la lista, incluido el de Landaverde, en el número 51.
El padre de una de las víctimas, Heriberto Palacios, dijo que por mucho tiempo dudó que alguna vez se reconociera la responsabilidad de quien ordenó el asesinato de su hijo, Nahum, y se encuentra inquieto ante la posibilidad de que se trate sin severidad a los hermanos Rivera, en vista de “todo el mal que hicieron en Honduras”.
Su hijo era un destacado periodista de televisión y radio, un defensor de los trabajadores del campo que se vieron enfrascados en una sangrienta lucha con los grandes terratenientes. En 2010, Nahum y su novia, Yorleny Sánchez, quien era médica, fueron asesinados a balazos cerca de su casa. Son las víctimas número 23 y 24.
Palacios, un trabajador del campo que ya está retirado, relató que en alguna ocasión se presentó en una oficina del gobierno local para preguntar sobre la investigación del asesinato de su hijo. Comentó que los funcionarios se negaron a darle información, para evitar que “pudiera malinterpretarla”.
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