El Viernes, 27 de octubre, 2017 20:55:17, Pro Justicia de Honduras
Abogado Mauricio Velasco Laínez
Colegiado 01217
Presidente Pro Justicia de Honduras.
Abogado Mauricio Velasco Laínez
Colegiado 01217
Presidente Pro Justicia de Honduras.
Las próximas elecciones generales del 26 de noviembre de 2017, serán de trascendentales para definir si Honduras continuará desarrollando su maltrecha democracia o por el contrario, se instalará definitivamente e indefinidamente, un régimen inconstitucional, antidemocrático y totalitario, por esa razón cumpliendo con mi deber ciudadano y como defensor de nuestro incipiente Estado de derecho y pisoteada Constitución, haré un breve análisis de la trayectoria política del Presidente Juan Orlando Hernández, quien *pretende reelegirse en el cargo, violando la Constitución de la República*.
Inicio exponiendo algunos hechos reales que están relacionados con el acontecer político y democrático de nuestro país y con la carrera política del Presidente Hernández:
1) Juan Orlando Hernández se desempeñó como diputado del Congreso Nacional desde el año de 1998 hasta el año 2006, *violando el artículo 199 numeral 10 de la Constitución de la República*, porque su cuñada la Abogada María Elena Matute de Hernández al nombrársele Magistrada de la Corte Suprema de Justicia del año 2002 al 2009, le inhabilitó en el cargo de Diputado.
2) El 12 diciembre del año 2012, siendo Presidente del Congreso Nacional Juan Orlando Hernández *destituyó violando el artículo 314 de la Constitución de la República*, a cuatro Magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de justicia , alegando sin probarlo, que ponían en precario la seguridad nacional y sin darles derecho a la defensa, dejando en el cargo al entonces Magistrado Oscar Chinchilla, y sustituyendo el resto por incondicionales a su proyecto continuista entre los que se encontraba el ex Juez Germán Vicente García, conocido por ser uno de los jueces más corruptos del Poder Judicial. La servil Sala Constitucional, más tarde nombró como su Presidente a Oscar chinchilla.
3) En el mes de agosto de 2013, es nombrado Fiscal General Oscar Chinchilla, para brindar impunidad, a narcotraficantes, criminales, funcionarios y ex funcionarios del Partido Nacional, y también para utilizar el Ministerio Público como carta de negociación contra políticos involucrados en hechos criminales de otros partidos. Oscar Chinchilla, sustituyó al Fiscal General que fue obligado a renunciar Luis Rubí, *por consiguiente, se la debió nombrar para completar el período de Luis Rubí y no como se hizo por todo un nuevo período*, violando el *artículo 23 de la Ley del Ministerio Público*.
4) En las elecciones internas del Partido Nacional, que se celebraron el 18 de noviembre de 2013 para definir el candidato a la presidencia de la República, se enfrentó Juan Orlando Hernández, candidato oficialista del ex presidente Porfirio Lobo y el ex alcalde de Tegucigalpa Ricardo Alvarez, quien exigió al Tribunal Supremo Electoral el conteo voto por voto por las adulteraciones de las actas de votación, al grado de asegurar que “nunca me venderé porque represento la voluntad del nacionalismo” y repetía que le habían ofrecido hasta la Presidencia del Congreso Nacional, a cambio de ceder su candidatura, la que terminó vendiendo, a cambio de que Juan Orlando Hernández lo incluyera como Designado Presidencial.
5) El Fiscal Roberto Ramírez Aldana, que tuvo a su cargo durante el año 2013 las investigaciones del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), descubrió una mega red de corrupción compuesta al menos por 320 personas, entre empleados, parientes, amigos, amantes, que sustraían dinero por millones de lempiras, para la compra de inmuebles, viajes, joyas, fiestas etc. estando a la cabeza de la organización criminal, su Director Mario Zelaya Rojas, el ex Gerente Administrativo José Ramón Bertetty y el exjefe de compras José Alberto Zelaya, todos pertenecientes al Partido Nacional.
Unos cuatro (4) millones de lempiras fueron sustraídos del IHSS, para la campaña del Presidente Juan Orlando Hernández, quien en principio negó esa información, pero posteriormente ante la evidencia de unos cheques, reconoció que habían sido girados al Partido Nacional, pero que él desconocía de esa situación.
El mega saqueo del IHSS se produjo entre los años 2010 y 2014, siendo Presidente de Honduras Porfirio Lobo del Partido Nacional, quien por su limitada capacidad de razonamiento o profundo cargo de conciencia, reconoció que él conoció del mega saqueo del IHSS, pero que no lo hizo público para no interrumpir las elecciones generales que dieron el triunfo a su par Juan Orlando Hernández.
El Fiscal General Oscar Chinchilla, ante las confesiones de Juan Orlando Hernández y Porfirio Lobo, no ordenó ninguna investigación; por el contrario, el Fiscal Roberto Ramírez Aldana fue retirado de las investigaciones y lo enviaron a ocupar un cargo a la UNESCO, no sin antes dejar establecido que no tuvo el respaldo del Ministerio Público al afirmar *“ME QUEDE SÓLO”*.
6) El ex Director de la Policía Nacional, General Ramón Sabillón, fue uno de los pocos oficiales de policía que no lograron sobornar criminales ligados al narcotráfico y crimen organizado. En el mes de octubre de 2014, el General Sabillón *sin notificar al Presidente Juan Orlando Hernández, ni al entonces Ministro de Seguridad Arturo Corrales, en una operación conjunta con la DEA, dio captura a los hermanos Valle*, que conformaban uno de los carteles más poderosos y organizados de Honduras, con nexos importantes con el cartel de Sinaloa, se estima que introducían a Estados Unidos, diez toneladas de cocaína por mes y en cada cargamento tenían una ganancia aproximada de $800,000.
Después de la captura de los hermanos Valle, el General Sabillón entrevistó a uno de ellos, quien a manera de reclamo le dijo que si su captura era un asunto político porque el aportaba al Partido Liberal y *al cartel del Partido Nacional no le hacían nada*, identificando en ese cartel al Alcalde Alexander Ardón y al hermano del hombre, dándole a entender que este último era un hermano del Presidente Juan Orlando Hernández, el Abogado y Diputado Antonio Hernández.
*Al General Sabillón se le suspendió su escolta de seguridad, se le destituyó del cargo por orden del Presidente Juan Orlando Hernández, con la peregrina excusa de que se estaba repotenciando la policía, y al verse totalmente desprotegido y en grave riesgo su vida y la de su familia, abandonó el país* vía terrestre para tomar un avión en Costa Rica que lo condujo a los Estados Unidos, donde se encuentra acogido por ese gobierno.
7) El gobierno de Estados Unidos en el mes de septiembre de 2013, presionó al gobierno de Juan Orlando Hernández para que confiscara bienes hasta por valor de 800 millones de lempiras, a la familia Rivera Madariaga que habían conformado, posiblemente el cartel más fuerte de Centroamérica, llamado los cachiros, quienes contaban con la protección de militares, empresarios, policías, fiscales y políticos.
La captura de los hermanos Valle, con quienes los Cachiros fueron socios en el narcotráfico, provocó que se sintieran amenazados y temiendo ser asesinados en Honduras, se entregaron a las autoridades estadounidenses, con las que negociaron la reducción de sus condenas y protección de sus familiares, a cambio de información eficaz.
El cachiro Leonel Rivera Madariaga, en sus declaraciones ante las autoridades estadounidenses, incriminó entre otros, al expresidente Porfirio Lobo a su hijo Fabio Lobo y al hermano del Presidente Juan Orlando Hernández, Antonio Hernández, de quien dijo, le había pedido un soborno a cambio de gestionar una deuda que tenía el gobierno con una empresa creada por el cartel para lavar dinero y que grabó las reuniones que tuvo con Hernández, las que entregó a la DEA.
En el mes de septiembre Fabio Lobo, fue condenado por un tribunal en Nueva York a 24 años de cárcel por narcotráfico. En cuanto a su padre Porfirio Lobo y Antonio Hernández, en Honduras se está a la expectativa de que las autoridades estadounidenses pidan su extradición.
8) En un programa televisivo, el 16 de octubre de 2017, el Secretario Ejecutivo del Consejo de Ministros, Hebal Díaz, reconoció que el crimen organizado permio la sociedad, que como puso dinero, también puso a diputados, jueces, y en muchos cargos y de manera puntual mencionó al Ministerio Público; también *reveló, que existe una lista de extradición de militantes de todos los partidos políticos muy cercanos a los candidatos presidenciales*.
Lo afirmado públicamente por Hebal Díaz, debe de llamar la atención inmediata de todo el pueblo hondureño, de gobiernos amigos e instituciones internacionales, por celebrarse el 24 de noviembre de 2017, las elecciones generales, *estamos ante el eminente y grave peligro de que se elijan a narcotraficantes, como Presiente del país, como diputados y como alcaldes.*
El pueblo hondureño, debe de exigirles antes de las elecciones generales, a el Fiscal General Oscar Chinchilla que actúe de inmediato como le ordena la ley, y a Hebal Díaz, que dé a conocer los nombres de los extraditables, sin importar su filiación política, de lo contrario, incurrirán en responsabilidad penal por los delito de abuso de autoridad, violación de los deberes de los funcionarios y de encubrimiento.
9) Juan Orlando Hernández, pensando a futuro y cuando era Presidente del Congreso Nacional, *promovió y aprobó la Ley Especial del Consejo Nacional de Defensa y de Seguridad*, la que establece que el Consejo estará presidido por el Presidente de la República y conformado con el Presidente del Congreso Nacional, el Presidente de la Corte Suprema de Justicia, el Fiscal General, el Secretario de Seguridad y Secretario de Defensa. Esa ley especial fue *complementada con la Ley de Secretos Oficiales y Descalificación de la Información Pública, y la Ley Especial para la Intervención de Comunicaciones Privadas*, que controla las llamadas, correos electrónicos, redes sociales, mensajes de texto y uso de informaciones.
El Consejo cuenta con una Dirección Nacional de Investigación e Inteligencia, que se encarga de ejecutar las políticas públicas establecidas por el Consejo, tiene libertad e independencia funcional, presupuestaria y administrativa. También están bajo la autoridad del Consejo la Dirección Policial de Investigación (DPI), la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), la Agencia de Lucha Contra el Narcotráfico, la Unidad Antiextorsión y la Unidad Nacional de Investigación e Inteligencia.
El Consejo determina cómo se gasta *la Tasa de Seguridad que en tres años ha recaudado más de Lempiras 14, 000, 000,000 y como no tiene que rendir cuentas, el pueblo hondureño desconoce cómo se invierten esos millones de lempiras*.
El Presidente Juan Orlando Hernández, al presidir el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, se erige como una figura que tiene un poder ilimitado en abierta violación del Estado de derecho, la Constitución de la República y los derechos humanos. Se puede asegurar con certeza, que Juan Orlando Hernández ha convertido a Honduras, en un Estado totalitario.
10) En el pasado, ningún gobierno ha invertido en propaganda tanto como lo ha hecho el gobierno de Juan Orlando Hernández, resaltando su figura permanentemente en los diferentes medios de comunicación, lo que es característico de los gobernantes totalitarios.
En uno de sus informes el Foro Social de la Deuda Externa de Honduras, sostiene que el presupuesto de la nación no es utilizado como una herramienta de desarrollo para superar los problemas sociales, pero sí para exaltar la figura del Presidente Juan Orlando Hernández, con ese propósito *se incrementó el impuesto sobre ventas del 12% al 15%*, de igual manera, *la Ley de Rescate Promoción y Fomento del Sector de las Comunicaciones, decretó que los agentes económicos que tuvieran deudas pendientes con el Estado, pasada, presente o futura, podrán pactar con el gobierno el pago de esa deuda, mediante publicidad negociada con la Presidencia de la República, a la fecha se desconoce el monto de esas negociaciones*.
En los presupuestos correspondientes a los años 2015,2016 y 2017, se manda que los recursos destinados a la publicidad, se centralizan en la presidencia de la República, la que a su vez en la única que puede incrementar ese reglón presupuestario, mismo que en el año 2017 fue de 32.2 millones de lempiras y se incrementó a 83.4 millones de lempiras.
En la pasada contienda electoral, siendo Presidente del Congreso Nacional Juan Orlando Hernández compró a las fábricas de cemento Lempiras 1,000, 000,000, en cemento que regalo para hacerse campaña política.
11) Juan Orlando Hernández, estando en la Presidencia del Congreso Nacional, intuyendo que la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia era un estorbo para sus planes futuros de convertirse en un mandatario totalitario, violando la Constitución y las leyes, y sin derecho a la defensa y al debido proceso, destituyo a cuatro de los Magistrados, dejando únicamente a su entonces servil Magistrado Oscar Chinchilla, a quien posteriormente premio nombrándolo Fiscal General.
Los nuevos mansos y obedientes Magistrados que impuso, violando la Constitución, resolvieron arbitrariamente un recurso de inconstitucionalidad interpuesto por 15 Diputados del Partido Nacional, contra el artículo 239 de la Constitución de la República, dando lugar así, a su ilegal reelección.
12) El pasado cogobierno de Porfirio Lobo y Juan Orlando Hernández, se caracterizó por el incremento sustancial de la corrupción, la impunidad, la ineptitud, la inseguridad, el narcotráfico y el crimen organizado. Durante ese gobierno, Juan Orlando Hernández tiene responsabilidad compartida, como Presidente del Congreso Nacional.
13) El ex Ministro de Seguridad en el gobierno inoperante y corrupto de Porfirio Lobo, Pompeyo Bonilla, públicamente reconoció que la alta inseguridad en el país tuvo su origen en lo que en el pasado se dejó de asumir, al expresar, “dejamos de asumir con responsabilidad, quienes estábamos, ya sea como diputados, presidente de la República o como Ministros, asumir corresponsabilidad en tema de seguridad, dejamos colapsar”. También expresó que cuando terminó su gestión “pidió perdón público por lo dejado de hacer”.
14) *En el mes de mayo de 2017*, al activista del Partido Nacional, el Fiscal General Oscar Chinchilla, por su trayectoria servil y obediente a su jefe Juan Orlando Hernández, *se le nombró Magistrado de la Corte Centroamericana de Justicia, a partir del 1 de junio de 2017*, pero permaneciendo en su cargo de Fiscal hasta cumplir su mandato, *en abierta violación del Estatuto de la Corte Centroamericana que establece que sus Magistrados(as) no podrán en ningún momento ejercer una función pública o administrativa*, con excepción de la docencia.
15) El Presidente Juan Orlando Hernández, pone en duda evidente sus valores éticos y morales al faltar a su juramento Constitucional cuando asumió el cargo, de respetar y hacer que se respeten, la Constitución y las leyes, igual actuación repitió en entrevistas televisivas con conocidos periodistas, para luego transformarse, en un violador consuetudinario, de la Constitución y las leyes.
16) *Los hechos que he dejado relatados tienen que ser examinados por los ciudadanos a la luz del mensaje de la Conferencia Episcopal de Honduras* de fecha 12 de octubre de 2017, que por su trascendental importancia, en su parte conducente, transcribo literalmente:
“La Iglesia aprecia el sistema de la democracia, en la medida en que asegura la participación de los ciudadanos en las opciones políticas y garantiza a los gobernados *la posibilidad de elegir y controlar a sus gobernantes, o bien la de sustituirlos oportunamente de manera pacífica*. Los escenarios en Honduras ponen en entredicho las condiciones de autenticidad y claridad que debe garantizar, en los mecanismos de participación política, todo sistema democrático.
De cara al ejercicio del sufragio, la primera condición es la libertad; esto supone no sufrir coacciones ni presiones o chantajes y tener suficientes elementos e información para discernir las condiciones de honradez, legalidad y legitimidad, o de la falta de ellas, en cada uno de los candidatos. De ello depende la condición de autenticidad que debe caracterizar a todo proceso electoral. En consecuencia, consideramos necesario un esfuerzo de toda la ciudadanía para informarse ampliamente de las posibilidades que tanto los candidatos como los partidos o grupos políticos que representan pueden ofrecer a la hora de rehabilitar *la tan quebrantada democracia en la que vivimos*. Y aunque sea repetir lo que tantas veces hemos expresado, pedimos que *se elija, en conciencia, a quienes puedan devolvernos la dignidad y la solidaridad propia de un país que ama la vida, que ama la paz y reclama justicia cada día*”.
“Un principio fundamental del Estado de derecho es la separación e independencia de los poderes legislativo, judicial y ejecutivo. *El irrespeto a este principio es causa de desorden jurídico y, en consecuencia, social*. Prueba de ello han sido *las violaciones a la actual Constitución y las actuaciones de falsa legalidad que se han dado en los últimos años*.
Por eso es necesario saber elegir a aquellos candidatos y candidatas que garanticen un ejercicio del poder político desde la capacidad profesional y la honradez personal que les permite estar al servicio y en la defensa del Estado de derecho”.
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